Roilán Álvarez Rensoler, preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue trasladado el viernes 7 de agosto desde el penal «Cuba Sí» hacia la Prisión Provincial de Holguín, en la provincia de Holguín, luego de deponer una huelga de hambre de 20 días sostenida en reclamo por su detención. La Seguridad del Estado condiciona su exilio del preso a un pasaje aéreo con destino a Guyana, exigido a la familia como requisito para autorizar su salida del penal hacia el aeropuerto.
Los reclusos del campamento de trabajo forzado «El 18», contiguo a la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana, llevan 20 días incomunicados, sin acceso a llamadas telefónicas que les permitan contactar a sus familiares, según denunció el preso político Marcos de la Luz Caballero Granados en una carta enviada desde prisión el 7 de agosto.
Un recurso de casación ratificó las condenas de 14 y 13 años de privación de libertad para los presos políticos Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, respectivamente, ambos recluidos en Las Tunas por los delitos denunciados de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Sulmira Martínez Pérez, presa política conocida en redes sociales como «Salem Cuba Censura», fue objeto de una nueva arbitrariedad por parte de las autoridades penitenciarias al negársele por tercera vez, el beneficio de libertad condicional al que tiene derecho, mientras cumple una condena de cinco años de privación de libertad por publicaciones críticas en redes sociales y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.
José Ramón Solano Randiche, preso político del 11J, fue objeto de una sanción disciplinaria que revocó arbitrariamente el régimen de mínima severidad en el que estaba recluido y la suspensión del pase a su vivienda que le correspondía para el cumpleaños de su hijo, medidas aplicadas en la Prisión Provincial de Holguín, que llevaron al preso político a iniciar una huelga de hambre el 14 de julio como única vía de protesta.
Aníbal Palau Jacinto, ex preso político y manifestante del 11J, fue impedido por las autoridades de la Prisión de Quivicán de ingresar a una visita familiar previamente autorizada para visitar a su compañero de causa, el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.
Norberto Dorta Sánchez y Luis Alberto Dorta Sánchez, hermanos presos políticos del 11J, fueron notificados de una nueva causa penal por un supuesto delito de atentado el 30 de julio en la Prisión Provincial de Las Tunas, luego de un incidente con un oficial penitenciario en el campamento La Palma, del municipio Jesús Menéndez.
Christian de Jesús Crespo Álvarez, preso político menor de edad, fue agredido físicamente en el penal de Canaleta, Ciego de Ávila, como represalia por negarse a comer los alimentos del centro penitenciario en protesta por su mala calidad.